Señor, ¿es usted feminista?

El título de esta conferencia parte de un artículo que publiqué en Diario de Navarra el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de 2005. En él marcaba claramente quién era el receptor de aquel texto. Basta reflexionar un instante en la diferencia entre las palabras “señor”, “señorito”, “señora” y “señorita”. El primero es el término habitual con el que nos referimos a los hombres, mientras que el segundo fue el vocablo empleado en las familias burguesas generalmente andaluzas (todos recordamos la expresión “señorito andaluz”).

En cambio, los otros dos términos nos ponen sobre la pista de la ignominia de la marginación de la mujer y de la agresión contra ésta a través de todas las leyes y hasta hace no mucho tiempo. En efecto, decir “señorita” equivalía hasta más o menos los años sesenta a decir “mujer no casada”, mientras que “señora” era la mujer casada. De esta manera, se ejercía una forma de control social del estado civil de la mujer cuando, de entrada, se le preguntaba a una mujer si era señora o señorita (lógicamente: casada o soltera), algo que jamás se hacía con respecto al hombre.

Asimismo, el título de aquel artículo y el de esta conferencia preguntan si “es usted feminista”. En efecto, a pesar de la enorme bibliografía producida y de toda la lucha de más de dos siglos abanderada por el feminismo, las ideas sobre este tema no han calado, y sigue existiendo una gran confusión. Basta con acudir al diccionario de la Real Academia Española y ver cómo se define la voz “feminismo”. La primera acepción es ésta: “Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres”.

Sin embargo, cabe señalar que el adjetivo “favorable” proviene de “favor”, mientras que el feminismo es una doctrina que exige. Y si buscamos la palabra “exigir” en el mismo diccionario leemos esta definición: “Pedir imperiosamente algo a lo que uno tiene derecho”. Así entendido, sí se puede hablar de feminismo: se trata de una doctrina que pide algo a lo que la mujer tiene derecho y que la ley le ha quitado.

Además, creo que la Academia se deja en el tintero un segundo aspecto. El feminismo “es favorable” no sólo para la mujer, sino también para el hombre, porque éste deja de ser tirano –como por ley ha tenido que ser durante tantos siglos–, se coloca en un plano de igualdad y está en condiciones de mantener unas relaciones sentimentales mucho más felices y relajadas. Lo que el hombre pierda en poder lo va a ganar en relación y en serenidad.

Por todo ello, resulta vital que el sentido de la voz “feminista” se resuelva con claridad. Digo esto porque, aunque no tengo recogida la doctrina, hay declaraciones que despistan. Recuerdo una en la que alguien se definía como una “feminista sosegada”. Ese tipo de coletillas hace ver la inseguridad con la que se emplea el término.



En cambio, la Academia ha definido en este caso muy bien el término. En efecto, según ella, “feminista” es el partidario del feminismo, es decir, partidario de esa doctrina que exige la igualdad para hombres y para mujeres. Por tanto, la respuesta a la pregunta del título es sencilla. Si alguien es partidario de la igualdad entre hombres y mujeres –independientemente de que milite o no en el movimiento–, será feminista.

De todos modos, lo anterior se asume con dificultad. Eso lo percibimos en el lenguaje, porque es muy raro leer o escuchar en los medios de comunicación la expresión “los feministas” (en masculino). El hombre no se ha querido implicar y ha dicho que eso corresponde a las feministas, a pesar de que a lo largo de la historia también haya habido unos cuantos hombres que han sido partidarios de esa igualdad y que la han defendido muy fuertemente.

Para trazar una historia del feminismo hay que comenzar, indudablemente, por Grecia. La primera sociedad europea real y crudamente misógina es la griega. Ésta, además, inventa la democracia más inteligente –desde el punto de vista, claro está, de sus inventores–: ni los esclavos ni las mujeres entran en ella. Un ejemplo de esta mentalidad es un poema de Simónides que compara la mujer con aproximadamente quince o veinte animales, de la forma más brutal y grosera, pero que a la vez resulta deslumbrante por la cantidad de insultos que emplea.

De todos modos, hay alguna excepción entre los griegos. Así, por ejemplo, Platón defiende que la mujer debe tener presencia en el Estado como el hombre. A pesar de ello –y quizá por compensar–, Aristóteles sostendrá que la mujer no tiene alma. Por su parte, el cristianismo reconocerá que la mujer tiene alma y que puede o salvarse o condenarse.

A partir del siglo XVI se plantea la cuestión de si la mujer posee o no capacidad mental. La mayoría lo niega. También sabemos que, desde entonces y hasta el siglo XVIII, empezará a formularse una crítica que cristalizará en la época de la Ilustración.

En definitiva, el feminismo consiste en llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias. No obstante, si nos remontamos al código napoleónico de 1805, pasada la revolución francesa con su fantástico lema de libertad, igualdad y fraternidad, vemos en él que queda sancionada la inferioridad legal de la mujer. No se le otorga a ésta derecho político alguno, al tiempo que pierde los derechos económicos incluso sobre sus herencias. Es total el control del varón sobre la mujer, que estará sujeta a los permisos que pida la ley para incluso abrir una cuenta bancaria.

La doctrina del código napoleónico de 1805 fluye por toda Europa, Hispanoámerica y el resto de los países que siguen a Occidente. En España sucederá lo mismo hasta la II República (1931), cuando se reconocerá a la mujer, entre otros, el derecho de voto. Sin embargo, la nueva situación durará cinco años, hasta la Guerra Civil. A partir de ésta y tras el triunfo del franquismo, las nuevas leyes sancionan la inferioridad legal de la mujer a los efectos más amplios (políticos y económicos). Basta recordar, en este sentido, cómo la mujer debía demostrar el permiso de su marido para, por ejemplo, matricularse en la universidad.

Desde los últimos años del franquismo empieza a percibirse un cambio y una evolución que llegar hasta nuestros días, con el último triunfo del Partido Socialista Obrero Español y el controvertido sistema de cuotas paritario y la discriminación positiva, algo a lo que algunos se oponen. Sin embargo, cabe aducir en favor de estas medidas todos los siglos durante los que las mujeres se han hallado en pésimas condiciones legales; igualmente, hay que considerar que, a pesar de que el avance de la mujer ha sido fuerte en el siglo XX, todavía se enfrentan a muchas dificultades, sobre todo a la hora de acceder a altos puestos políticos o laborales. Por cierto, el primer parlamento español donde por fin hay más mujeres que hombres es el Parlamento Vasco.

Dentro de las leyes actuales que protegen a la mujer, es obligatorio citar el proyecto de ley contra la violencia de género, que en gran parte se debe a la lucha incesante de los grupos feministas por que se reconozcan estos derechos. Es preciso hacer visible este problema que tanto nos cuesta admitir, y que, con toda justeza, debe calificarse a mi modo de ver de terrorismo doméstico. Así lo hizo Rosa Regàs hace unos años en El País con un artículo titulado “Terrorismo impune”, expresión con la que se refería, precisamente, a la violencia doméstica.

Alrededor de este problema hay otros aparentemente menos graves, pero cuya existencia igualmente nos cuesta aceptar. Así, por ejemplo, el reparto de las tareas domésticas, la equiparación salarial y la conciliación de la vida laboral y familiar. Desgraciadamente, los avances en este sentido son lentos. Apuntaré un dato: en 1997, la proporción de horas dedicadas a las tareas domésticas por la mujer y por el hombre era, respectivamente, de cinco a una. Es decir, por cada cinco horas trabajadas por la mujer en casa, el varón aportaba una. La cifra es todavía más desesperante si se piensa en la evolución anual: cada año se ganan solamente tres minutos de participación del varón en dichas tareas. Aunque a alguien le pueda resultar gracioso, eso significa que la equiparación se lograría alrededor del año 2230.

fuente: Ramón Irigoyen - Aula de Cultura ABC

Enrique Del Valle Iberlucea y la lucha por los derechos de las mujeres en Argentina

El libro Marxismo y feminismo, de Marina Becerra, repara un gran olvido de la historiografía argentina: la lucha por los derechos de las mujeres de Enrique Del Valle Iberlucea, el primer senador socialista de Latinoamérica, expulsado injustamente del Parlamento argentino en 1921.

Con la sanción del Código Civil argentino, encargado por el gobierno de Bartolomé Mitre y aprobado por el parlamento sin debate previo, en 1871 se abrió un capítulo oscuro en la historia de las mujeres argentinas, que recién se cerraría –parcialmente, claro, y sólo en lo relativo a la mayoría de sus derechos civiles–, casi cien años más tarde, irónicamente bajo el gobierno de facto de Onganía. En su letra, el Código redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield clasificaba a las personas en “capaces” e “incapaces”: la mujer, normalmente un sujeto considerado por la ley como jurídicamente competente, se volvía prácticamente inepta al casarse con un hombre. No bien pasaba por el altar (o el registro civil, a partir de 1888) toda argentina, e independientemente de su clase social o nivel económico, quedaba a cargo de su esposo, quien a partir de entonces la representaba en casi todos los actos jurídicos y se convertía en el único administrador de su dinero. Sin su permiso, ninguna esposa podía testificar en un juicio o ante un escribano, celebrar un contrato, hipotecar, vender, comprar o donar bienes. Toda denuncia contra ella debía ser dirigida a su marido, considerado por el codificador cordobés el jefe de la sociedad conyugal, y facultado para recurrir a la fuerza pública si su mujer dejaba el domicilio matrimonial.

Aunque muy estigmatizadas, sobre las mujeres solteras no pesaban la mayoría de estos preceptos que, a pesar de violar la Constitución Nacional (“todos los ciudadanos son iguales ante la ley”), reglamentaron una experiencia tan íntima como la matrimonial hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, el feminismo argentino, que por entonces daba sus primeros pasos, encontró en un joven estudiante un importante aliado en esta causa. Corría el año 1902 y Enrique Del Valle Iberlucea se recibía de abogado con una tesis que defendía la igualdad civil de las mujeres casadas y que proponía incluir el divorcio en la legislación argentina, señala Marina Becerra en Marxismo y feminismo (Prohistoria Ediciones). Recientemente editado, este libro repasa la vida intelectual y política de quien en 1913 fue elegido el primer senador socialista de Latinoamérica.
Nacido en España, Del Valle llegó a los ocho años a la ciudad de Rosario, donde se estableció junto a sus padres. Desde entonces, y hasta su muerte, la preocupación porque se lo creyera lo suficientemente argentino sería una constante. No bien recibió su diploma de abogado, se nacionalizó argentino y se enroló voluntariamente en el Ejército nacional. Afortunadamente, las armas no lo alejaron del trabajo intelectual. A los 25 años daba conferencias sobre teoría marxista y comenzaba a distanciarse ideológicamente de la línea trazada por el fundador del Partido Socialista argentino, Juan B. Justo. Esto no impidió que, luego de dar una charla a favor del divorcio en el Centro Socialista Femenino, en 1902, Del Valle se afiliara a este partido. Para entonces un diputado liberal había presentado en el parlamento argentino el primer proyecto de ley de divorcio vincular. Pero en esa conferencia, y frente a decenas de mujeres, Del Valle mencionó un argumento que faltaba en los encendidos debates que tenían lugar en el Congreso: el amor. Para el socialista, además de emancipar a las argentinas, el divorcio significaba una segunda oportunidad para todos aquellos y aquellas atadas por vínculos que “no nacían del corazón”. De ahí en más, y de la mano de su amiga y colaboradora Alicia Moreau (con ella fundó la revista socialista Humanidad Nueva), Del Valle abogaría por los derechos de las mujeres, un capítulo prácticamente ausente en la escasa bibliografía existente sobre el primer senador socialista argentino.

Discípula de la gran maestra e historiadora Dora Barrancos, la socióloga e investigadora del Conicet Marina Becerra salda esta deuda con el intelectual marxista y rescata el carácter precursor de su lucha por la emancipación de las mujeres de un país que sentía como propio. En 1920, ya como integrante del Senado argentino, Del Valle presentó un proyecto de despenalización del aborto. Dos años antes había elaborado un proyecto de emancipación civil de la mujer que, más tarde, serviría de base a la ley 11.357. Sancionada en 1926 y conocida como la “Ley de ampliación de la capacidad civil de la mujer”, esta normativa otorgó derechos civiles a las solteras, divorciadas y viudas, reconociendo su igualdad jurídica con los hombres. Sin embargo, a pesar de que eliminaba algunas restricciones para las mujeres casadas, como la administración de sus propios bienes –a título oneroso– y salarios, la nueva ley continuaba impidiéndoles abandonar el hogar conyugal o ejercer la patria potestad de sus hijos menores, entre otras cosas.

Del Valle nunca llegó a enterarse de la sanción de esta ley: murió en 1921, a los 44 años, de una enfermedad respiratoria. Semanas antes, había sido desaforado del Senado argentino por declarar en un congreso socialista su adhesión a la Tercera Internacional, la organización comunista fundada por Lenin. En una vergonzante votación, la mayoría conservadora y radical decidió el desafuero de uno de los legisladores más brillantes que haya tenido en sus bancas. Acusado de anarquista y antipatriota, se le hizo notar su origen extranjero y se lo condenó por el delito de “opinión”, como sostiene Becerra en su primer libro, consagrado a esta figura inexplicablemente poco nombrada por la historia.

fuente: Página 12 / Las 12